Desde Kultura Communication y Desarrollo KCD ONGD, expresamos nuestra profunda preocupación y nuestro firme rechazo ante las amenazas de muerte contra las defensoras de derechos humanos Yessika Hoyos Molares, abogada integrante del Colectivo de Abogadas y Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR); Candelaria Barrios Acosta y Malena Martínez Montoya, portavoces del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), Capítulo Sucre; y el defensor Juan David Díaz Chamorro, también portavoz de dicho movimiento.
El CAJAR lleva 48 años en la defensa integral de los derechos humanos, el territorio y la paz en Colombia, con acompañamiento jurídico y social a víctimas y defensoras y defensores de derechos humanos. Desde su fundación, el CAJAR ha sido un actor central en la lucha contra la impunidad estructural.
El 18 de octubre de 2026, Yessika Hoyos Molares y Candelaria Barrios Acosta recibieron en sus teléfonos móviles un mensaje que amenaza de muerte a las personas mencionadas y afirma que están siendo vigiladas. Esta amenaza supone un grave riesgo para sus vidas, su integridad y su seguridad. El mensaje recibido decía lo siguiente (reproducción literal): “Si William pisa cárcel.ustedes Candelaria.Malena y Juan David compren los cajones (quédense quietos ) les tenemos seguimiento”.
Estas amenazas se producen en el contexto del proceso penal contra William Martínez Santamaría. El Tribunal Superior de Sincelejo revocó la sentencia absolutoria dictada en primera instancia en noviembre de 2023 y lo declaró responsable como determinador de los homicidios de los hermanos Humberto Escobar Mercado, Preliciano Mercado García y Eusebio Osorio Mercado. Yessika Hoyos Molares actuó como representante de las víctimas, mientras que las
demás personas defensoras amenazadas acompañaron el caso. William Martínez Santamaría ha interpuesto una impugnación especial contra la sentencia condenatoria. Por su contenido, la amenaza apunta a intimidar a quienes intervienen en la defensa de los derechos de las víctimas, e intenta interferir en el normal desarrollo del proceso
penal.
Desde KCD ONGD consideramos inaceptable que la búsqueda de verdad, justicia y reparación exponga a amenazas y represalias contra quienes ejercen la defensa de los derechos humanos y genera preocupación por las condiciones de seguridad en las que desarrollan su labor.
Por todo ello, instamos de manera urgente a las autoridades colombianas competentes a:
- Adoptar e implementar medidas integrales de protección, oportunas y concertadas con las personas defensoras amenazadas, que respondan a las características específicas del riesgo que enfrentan.
- Desarrollar investigaciones diligentes, exhaustivas e imparciales que permitan esclarecer los hechos, identificar a quienes hayan participado en la elaboración y el envío de las amenazas, así como a quienes las hayan ordenado, y llevarlos ante la justicia.
- Implementar acciones efectivas de prevención que impidan la repetición de las agresiones y garanticen condiciones seguras para la continuidad de su labor, así como el desarrollo del proceso judicial sin intimidaciones.
- Reconocer y respaldar públicamente la legitimidad de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, y cumplir con la obligación estatal de garantizar su protección.
Desde KCD ONGD reafirmamos nuestra solidaridad con el CAJAR, el MOVICE y las personas amenazadas. Estamos convencidas y convencidos de que la solidaridad internacional, la acción diplomática y la incidencia pública pueden contribuir a visibilizar estas situaciones de riesgo y promover respuestas institucionales efectivas.
Por ello, hacemos un llamamiento a las instituciones vascas, a las ONGD, a las organizaciones sociales y a la comunidad internacional para que expresen su preocupación, acompañen las exigencias de protección y mantengan la atención sobre este caso.
Defender a quienes defienden los derechos humanos es una responsabilidad colectiva y un compromiso con la justicia, la paz y la democracia.
KCD ONGD
En Bizkaia, a 2 de noviembre de 2026.